Vienen meses de regulación intensa para el sistema gasista. En las próximas semanas se publicarán los borradores de las retribuciones y peajes del nuevo periodo regulatorio, y se abrirá la consulta pública para que todos los agentes puedan hacer aportaciones. Es el momento del diálogo; de las alegaciones técnicas; de los datos.

El debate debe ser riguroso y basado en evidencia. El periodo regulatorio anterior ha demostrado que una metodología sólida puede garantizar una rentabilidad razonable a las empresas eficientes sin trasladar sobrecostes innecesarios a los consumidores. Y conviene no olvidar algo esencial: las retribuciones reguladas las pagan los consumidores a través de los peajes.

Una reducción de la retribución no implica un deterioro del sistema, sino la corrección de desviaciones acumuladas y la adecuación de la remuneración a una actividad madura, con menores necesidades de inversión y activos progresivamente amortizados. Se trata de eliminar sobrerretribuciones históricas y reforzar la disciplina económica del modelo.

Durante años, la industria española pagó algunos de los peajes gasistas más elevados de Europa. Esos peajes financiaron infraestructuras estratégicas, como plantas de regasificación, redes malladas y capacidad de almacenamiento. Hoy muchas de esas infraestructuras están construidas y, en buena medida, amortizadas. Fueron los consumidores quienes asumieron ese esfuerzo inversor.

La invasión rusa de Ucrania puso en evidencia las vulnerabilidades del sistema gasista europeo. Países con alta dependencia del gas por tubo y escasa capacidad de regasificación tuvieron que reaccionar con urgencia: regasificadoras flotantes, refuerzos acelerados de red e inversiones extraordinarias que inevitablemente impactarán en sus costes regulados durante años.

España vivió esa crisis desde una posición estructuralmente distinta. No llegaba gas ruso por Nord Stream. No dependíamos de una sola molécula de ese suministro. No teníamos riesgo en la seguridad de suministro y sí teníamos siete regasificadoras, una de ellas hibernada. Sin embargo, los precios se dispararon a niveles estratosféricos y la demanda industrial de gas llegó a caer más del 40% en España. Incluso sin dependencia física, la industria gasintensiva española sufrió el impacto pleno del mercado europeo. En ese contexto extraordinario se recaudaron primas muy elevadas por descarga de buques de GNL. Estos ingresos extraordinarios se destinaron a reducir los costes regulados del sistema, lo que ayudó a amortiguar los peajes y cargos que pagan los consumidores.

Pero la combinación de finalización de primas extraordinarias, finalización de ajustes regulatorios y una demanda menguante ha provocado nuevamente un aumento de los peajes.

En 2026, de manera general desde RL.7 a RL.11, los consumidores industriales experimentaron aumentos de peajes de entre el 6% y el 57% en el caso de compra en posición PVB, y de entre el 3% y el 47% en el caso de suministro en GNL. En un contexto de pérdida de competitividad y caída estructural del consumo industrial, estos incrementos no son neutros, condicionan decisiones de producción e inversión.

Alemania, Francia e Italia han tenido que reforzar y ampliar recientemente su red gasista, asumiendo nuevas inversiones y nuevos costes regulatorios que deberán recuperar en los próximos años. España ya acometió ese esfuerzo inversor y los consumidores lo financiaron durante años. Esta es nuestra oportunidad diferencial.

Si el precio del gas en el mercado mayorista europeo es común —el TTF no distingue fronteras—, la verdadera palanca competitiva está en los costes adicionales que se suman a la molécula, en particular en los peajes, que deben reflejar que buena parte de nuestras infraestructuras están amortizadas y ya han sido financiadas por los consumidores durante años.

Unos peajes alineados con costes ya recuperados no son un privilegio. Son justicia económica. Y son, además, una herramienta legítima para compensar las distorsiones existentes en el mercado energético europeo, donde no existe todavía una verdadera Unión de la Energía, sino marcos nacionales con realidades industriales distintas.

Hay gas en España para rato. En concreto, hay contratados más de 1.200 slots de descarga de gas natural licuado (GNL) y más de 1.000 de carga para los próximos 15 años. La cuestión es si quedarán industrias que lo consuman.

El nuevo periodo regulatorio es una oportunidad para consolidar un modelo eficiente, estable y competitivo. La metodología debe seguir incentivando la eficiencia, no garantizando rentabilidades a cualquier coste. Cada euro adicional de retribución se traduce automáticamente en más peajes, y cada aumento de peajes erosiona competitividad.

Confiamos en la CNMC y en su papel como garante del equilibrio del sistema. Un equilibrio que preserve la seguridad de suministro, garantice una rentabilidad razonable y proteja a quienes, en última instancia, sostienen el sistema, los consumidores.

El nuevo marco no solo debe preservar la estabilidad del sistema gasista. Debe entenderse también en clave europea, como una oportunidad para consolidar el diferencial estructural español y contribuir a reequilibrar el trilema energético desde la competitividad.

Europa debate hoy cómo recuperar su base industrial. España dispone de una infraestructura gasista consolidada y amortizada. La cuestión no es si hay gas suficiente. La cuestión es si el marco regulatorio permitirá que siga existiendo industria que lo consuma.