Los datos de septiembre vuelven a encender todas las alarmas. En agosto, la demanda industrial de gas caía un -5,6 % respecto al año anterior. En septiembre, el descenso fue de -9.4 %.  En apenas un mes, la caída prácticamente se ha duplicado. Todos los sectores gasintensivos caen, sin excepción. Los datos de la demanda convencional de octubre apuntan un deterioro mayor. Y seguimos sin poder explicarlo por una transformación acelerada de los procesos industriales. No estamos viendo una sustitución masiva del gas por electricidad, hidrógeno o biometano, ni una mejora extraordinaria de la eficiencia capaz de justificar estas cifras. En muchas de nuestras industrias, cuando baja de esta manera el contador del gas, lo que está bajando es la producción.

La señal, además, empieza a extenderse. Alemania, cuya demanda industrial de gas había mantenido durante 2026 un comportamiento más favorable, registra en septiembre por primera vez en el año una caída. Su propio Ministerio de Economía viene advirtiendo de que el impulso experimentado por las industrias intensivas en energía durante el primer semestre se está debilitando.

Al mismo tiempo que se deteriora la actividad, vuelve a tensionarse el precio. La secuencia empieza a resultar demasiado conocida: crisis geopolítica, volatilidad, precios elevados y destrucción de demanda industrial.

No estamos en 2022, pero la senda empieza a parecerse demasiado como para ignorarla. La crisis de Oriente Medio, las dificultades en el estrecho de Ormuz y la guerra de Ucrania vuelven a situar el suministro energético en el centro de las preocupaciones. A ello se suma que Estados Unidos, convertido en proveedor esencial de GNL para Europa, afronta sus elecciones de mitad de mandato. Además, a partir del 1 de enero de 2027 dejará de llegar a la Unión Europea el GNL ruso contratado a largo plazo. Se trata de una decisión estratégica europea ya adoptada, pero que supone retirar una fuente adicional de suministro en un mercado que afronta el invierno con niveles de almacenamiento inferiores a los de años anteriores.

Ninguno de estos factores implica por sí solo que los precios tengan necesariamente que seguir subiendo, pero juntos devuelven al mercado algo que la industria conoce demasiado bien: incertidumbre.

La industria puede gestionar su aprovisionamiento, diversificar fórmulas o realizar coberturas, pero hay algo mucho más difícil de gestionar: comprar gas cuando no sabes cuánto vas a producir. Cuando las carteras de pedidos se acortan, se reducen turnos o una línea puede parar, el problema deja de ser únicamente el precio de la energía y pasa a ser la incertidumbre sobre la propia actividad industrial.

Todo esto se agrava en España porque la competitividad de una fábrica no depende únicamente del precio de la molécula. Sobre ella se añaden otros costes. Y ahí Europa sigue teniendo un problema sin resolver: las industrias compiten en un mercado único, pero sus costes energéticos regulados continúan dependiendo en buena medida del país en el que producen. Hay costes que en España recaen sobre el consumo industrial de gas y que otros países reducen, modulan o directamente excluyen para proteger su competitividad.

Ocurre, por ejemplo, con las obligaciones de eficiencia energética. En Francia, el gas destinado a procesos industriales no genera obligaciones CEE para el suministrador; Alemania y Portugal tampoco cuentan con un sistema equivalente al FNEE español aplicado a las ventas industriales de gas. En España la industria paga e incluso los consumidores directos a mercado. Una medida de cuestionable ajuste legal al marco de la Directiva 2023/1791 de eficiencia energética ya que los consumidores directos que adquieren energía exclusivamente para su propio consumo no figuran como sujetos obligados en su art. 9.3. La industria pagará este año 200 Millones de euros que no paga su competencia.

Algo parecido sucede con las cuotas obligatorias de biometano. Mientras nuestra competencia industrial europea no soporta este sobrecoste, España avanza en sentido contrario, incorporando una nueva carga a la factura del consumidor industrial que ampliará aún más la brecha de competitividad.

Y encontramos igualmente mecanismos específicos en peajes, cargos y fiscalidad. Italia cuenta con su Estatuto gasivori; y Alemania, Francia e Italia contemplan tratamientos fiscales específicos para procesos intensivos como cerámica, vidrio, cemento, cal o metalurgia.

La comparación demuestra algo que llevamos tiempo defendiendo: otros países utilizan la regulación energética para evitar que determinadas cargas deterioren la competitividad de su industria intensiva en energía. En España deberíamos empezar a hacer lo mismo. Esta situación requeriría una respuesta rápida. El calendario, sin embargo, juega en sentido contrario.

El METSAF finaliza el próximo 31 de diciembre y continúa sin dar una respuesta equivalente a los incrementos extraordinarios del coste del gas de la industria manufacturera. Necesitamos que el marco que lo suceda, o su eventual adaptación, permita a los Estados miembros apoyar también a las industrias intensivas en gas cuando una crisis energética amenaza su competitividad.

Pero el calendario español lo hace todavía más complejo. Las elecciones generales del 29 de noviembre y la constitución de las nuevas Cámaras el 23 de diciembre dejan muy poco margen político antes de terminar el año, y el mercado no entiende de calendarios electorales ni regulatorios.

La combinación es difícil de ignorar: demanda industrial acelerando su caída, precios acercándose a los 100 €/MWh, un invierno por delante, enorme incertidumbre geopolítica y un marco europeo de ayudas que expira justo cuando Europa entra en una nueva etapa de su aprovisionamiento de gas.

La industria no puede esperar. Por eso necesitamos trabajar desde ya en dos niveles.

En España debemos construir un Estatuto del Consumidor Gasintensivo que establezca un marco estructural de competitividad y evite tener que improvisar medidas cada vez que llega una nueva crisis. Ese marco debe abordar peajes, cargas regulatorias, fiscalidad, almacenamiento, obligaciones de eficiencia, gases renovables y mecanismos de flexibilidad desde la perspectiva de una industria expuesta a competencia internacional.

Y en Europa necesitamos que el marco que suceda al METSAF —o su eventual adaptación— contemple expresamente a la industria manufacturera intensiva en gas y permita a los Estados miembros actuar cuando se produzcan incrementos extraordinarios de sus costes energéticos. Porque septiembre nos deja una señal demasiado clara y octubre la está reforzando. Mientras Europa debate cómo recuperar competitividad, las fábricas toman decisiones todos los días.

Esta vez no deberíamos esperar a comprobar hasta dónde puede caer la demanda.