La presidenta de GasINDUSTRIAL protagonizó en julio el podcast Corriente Continua del  Español/Invertia. La redactora jefe de energía, Laura Ojea, charló con Verónica Rivière sobre  biometano. Bajo el título “Las cuotas del biometano en la industria que necesita gas, ¿son realistas?”, Rivière alertaba que “imponer cuotas obligatorias de biometano sin un mercado desarrollado podría disparar los precios y afectar la competitividad”. España exige consumir este gas renovable a partir del año 2028, pese a la oferta limitada y retrasos en la construcción de plantas, a diferencia de países como Francia que primero impulsaron la producción. “Es por ello -afirmaba la presidenta de GasINDUSTRIAL- que el consumidor gasintensivo reclama ajustar el calendario: crear primero la oferta y establecer mecanismos de apoyo para proteger a la industria, similar a lo hecho en otros países europeos”.

El biometano se abre paso en el debate energético español como una de las palancas para la descarbonización industrial, pero su desarrollo aún incipiente y el diseño regulatorio planteado por el Gobierno han encendido las alarmas en la industria gasintensiva. La imposición de cuotas obligatorias de consumo a partir de 2028, en un contexto de oferta limitada, amenaza con tensionar los precios y erosionar la competitividad. Así lo advertía Verónica Rivière en el videopodcast: “el principal problema no es el vector en sí, sino el orden en el que se está impulsando su despliegue. El biometano es una solución positiva para la industria, especialmente en procesos difíciles de electrificar, pero el real decreto crea una demanda artificial cuando aún no existe mercado”, explicaba la presidenta de GasINDUSTRIAL.

España cuenta con un potencial teórico relevante. “Algunos estudios lo sitúan en torno a los 163 TWh anuales. Sin embargo, ese volumen dista de ser íntegramente aprovechable para inyección en red”, señalaba Rivière. “Un potencial teórico no significa disponibilidad real”, subrayaba la presidenta de GaslNDUSTRIAL. “A ello -añadía- se suman los cuellos de botella regulatorios y el retraso en la construcción de plantas, que impiden, por ahora, consolidar una oferta suficiente”.

El núcleo de la polémica radica en la obligación de incorporar biometano en el consumo de gas. La norma prevé una senda creciente de cuotas que afectará a todos los consumidores: industria, pymes y hogares.  Para la patronal gasintensiva, el riesgo es evidente. “Si impones demanda en un mercado sin oferta, los precios se disparan”, puntualizaba Verónica Rivière.

La industria compara el modelo español con el de países como Francia, donde el despliegue se ha basado en una lógica inversa: primero impulsar la oferta y luego estructurar la demanda. “En Europa se ha creado primero el mercado; aquí se está haciendo al revés”, resumía la presidenta de GasINDUSTRIAL.

Además, países como Italia o Francia han acompañado el desarrollo con mecanismos de apoyo, como contratos por diferencias o subastas, que amortiguan el sobrecoste tanto para productores como para consumidores industriales. Según aseguraba Rivière a Laura Ojea, “este tipo de políticas industriales brillan por su ausencia en el modelo español”.

El diseño regulatorio incorpora también elementos que, según la industria gasintensiva, podrían restringir aún más la oferta.  Entre ellos, la exigencia de garantías de origen renovable y un sello de excelencia nacional. “Estos requisitos reducen el número de actores disponibles y hacen el mercado aún más cautivo”, dijo Verónica Rivière.

El contexto de precios energéticos agrava la preocupación. Con el gas natural en torno a los 40 euros/MWh —muy por encima de mercados como el estadounidense—, la industria ya ha reducido su consumo en torno a un 25% respecto a niveles previos a la crisis energética. “No es eficiencia ni electrificación; es pérdida de competitividad”, apuntaba Rivière. La introducción de un vector con precios potencialmente superiores a los 100 €/MWh podría acelerar este proceso y favorecer la deslocalización.

El mensaje de la industria es claro: ajustar el calendario a la realidad del mercado y acompañar el despliegue con políticas industriales.  Por eso propone que se evalúe la disponibilidad real de biometano antes de fijar cuotas, que se impulse primero la construcción de plantas y la creación de mercado o que se proteja a la industria gasintensiva con mecanismos de apoyo similares a los de otros países europeos, también que se garantice la calidad del suministro y su impacto en procesos industriales sensibles. “El biometano debe ser un ‘win-win’, pero para eso hay que hacer bien las cosas”, concluía Rivière.

Crónica Económica y El Periódico del Azulejo reproducían el editorial de la presidenta de GasINDUSTRIAL en el boletín electrónico de la asociación de mes de junio que tituló “Descarbonización o desindustrialización”. Verónica Rivière comenzaba su editorial afirmando que la industria gasintensiva española está perdiendo actividad, “como refleja la caída continuada del consumo de gas industrial: un 26,1 % menos que el promedio de 2018-2021 y un 4,5 % menos en 2026 respecto a 2025. Algunos siguen atribuyendo este fenómeno a la eficiencia energética, a la electrificación o a los avances tecnológicos. Ojalá fuera así. La realidad es mucho más sencilla, se está produciendo menos”, aseguraba Rivière.

Además, reiteraba que el aumento del precio internacional del gas, agravado por la crisis en Oriente Medio, ha incrementado los costes para la industria española. En opinión de la presidenta de la asociación, “las nuevas medidas del Real Decreto-ley 7/2026, como la extensión del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y las futuras cuotas obligatorias de consumo de biometano, supondrán una carga económica adicional que reducirá aún más la competitividad”.

El artículo también cuestiona que las cuotas de biometano se basen en un potencial de producción teórico, ya que la oferta real será mucho menor debido a limitaciones técnicas, económicas y administrativas. “Imponer el consumo de un recurso todavía escaso y caro solo elevará los costes para la industria sin garantizar una mayor independencia energética”, aclaraba Rivière.

En conclusión, la industria defiende que la transición energética debe apoyarse en una oferta suficiente, mercados competitivos y costes asumibles. Por ello, la presidenta de GasINDUSTRIAL propone eximir a los consumidores gasintensivos de nuevas cargas regulatorias, revisar las obligaciones de consumo de biometano y aprobar un Estatuto del Consumidor Gasintensivo para compatibilizar la descarbonización con la competitividad industrial y evitar así la desindustrialización.

Europa debate hoy cómo recuperar su base industrial. España debe decidir si quiere formar parte de esa estrategia o seguir trasladando nuevos costes a quienes producen. “Cuando una fábrica cierra, el consumo desaparece para siempre, y entonces corremos el riesgo de confundir desindustrialización con descarbonización”, finalizaba Rivière.

La revista Energía y El Economista.es publicaban a finales de junio el reportaje, “El sector pide acelerar el despliegue del biometano, pero sin sobrecostes” con la participación de GasINDUSTRIAL. La asociación apoya el desarrollo del biometano, pero considera que el proyecto de RD se apoya sobre cuatro incertidumbres fundamentales que no han sido adecuadamente analizadas: la competitividad de la industria, la disponibilidad real de biometano elegible para cumplir las cuotas, el impacto económico que dichas obligaciones tendrán sobre los consumidores y la calidad del biometano en industrias sensibles. Señalaba en el reportaje que el desarrollo del mercado español de biometano se encuentra todavía en una fase incipiente y que, por tanto, la imposición de cuotas obligatorias de consumo sin haber consolidado previamente una oferta suficiente, líquida y competitiva, ni haber articulado mecanismos de mitigación de costes para los sectores expuestos a competencia internacional, puede trasladar a la industria española un sobrecoste regulatorio que no soportan sus competidores europeos en términos equivalentes.

Por estos motivos, GasINDUSTRIAL solicita la retirada de la propuesta de RD y la apertura de un proceso de revisión que permita abordar previamente estas cuestiones. En particular, consideran necesario preservar la competitividad de los consumidores industriales expuestos a competencia internacional, excluir los usos del gas como materia prima, acreditar la existencia de una oferta suficientemente elegible para cumplir las cuotas, garantizar la compatibilidad del sistema con el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), reforzar la transparencia, evaluar el impacto de las infraestructuras y resolver previamente las cuestiones técnicas pendientes relativas a la calidad del gas y la protección de los consumidores sensibles.

La agencia de noticias Colpisa publicó en todos los medios del Grupo Vocento (Heraldo, Diario de León, El Comercio, El Diario Vasco, El Correo, El Diario Montañés, La Rioja, el Ideal y La Voz de Galicia,  entre otros) una información que bajo el título de “La factura de la guerra golpeará a la industria española hasta el 2027”  recogía la opinión de asociaciones industriales, entre ellas, de la presidenta de GasINDUSTRIAL, quién advertía que el consumo gasista de la industria acumula una caída del 26% respecto a los niveles previos a la crisis de Ucrania y suma 18 meses consecutivos de descensos. A juicio de Verónica Rivière, no es una sustitución masiva por biometano, hidrógeno o electrificación, sino pérdida de actividad industrial. “Estamos descarbonizando la industria, deslocalizándola”, resumía. La frase condensa una inquietud que atraviesa al sector: la transición energética puede avanzar, pero no